Los portavoces de los partidos llevarán al Pleno una proposición no de ley que dé un margen de tiempo para consensuar un nuevo documento

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Por Redacción

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La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) trasladó a los portavoces de los grupos parlamentarios la necesidad de retrasar la vigencia y aplicación del decreto de playas (que supuestamente entraría en vigor este 8 de agosto).

Los portavoces solicitaron actuar con urgencia y solicitar en este Pleno el retraso oficial de su entrada en vigor realizando una proposición no de ley, de forma que se pueda emitir un decreto consensuado, asumible y conforme a las demandas de los municipios. Además, en esta mesa formará parte la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

El Parlamento de Canarias fue escenario este martes 12 de julio de dicho encuentro. Asistió la alcaldesa de Mogán, doña Onalia Bueno, acompañada de la secretaria y alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa; el vocal y alcalde de Tías, José Juan Cruz; y el parlamentario y alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort.

Se contó con la asistencia de los portavoces de todos los grupos parlamentarios: Agrupación Socialista Gomera, Socialista Canario, Popular, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Sí Podemos Canarias y Mixto. Todos y todas tomaron la palabra, mostrándose comprensivos antes las demandas de la AMTC y comprometiéndose a apoyarlas.

De acuerdo con la vicepresidenta y alcaldesa de Mogán «Si el decreto se aplica sin modificar, los alcaldes y alcaldesas corremos incluso el riego de incurrir en responsabilidad penal, tal es el nivel de exigencia del documento» en cuanto a la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad y protección en playas y zonas de baño, dejando a los ayuntamientos en situaciones comprometidas.

Esto es así, debido a que el decreto obligaría a los ayuntamientos a un desembolso muy alto de gasto en personal y en materiales, de forma que sería inasumible. Municipios como Mogán y Tías explican que el gasto en sus municipios podrían ser de hasta 2 millones de euros.

Por ello, los ayuntamientos plantean un gasto común y mancomunado de las playas, de forma que la interpretación de la norma sea más flexible y puedan compartir gastos. Además, dichos gastos deben ser redimensionados al aforo de dichas playas.

De entrar en vigor el decreto sin realizarse las modificaciones oportunas, municipios como Mogán tendrían que cerrar sus playas, con el impacto y factura que supondría en el turismo para los municipios que no pudieran asumir esta partida de gasto.

Fuente: AMTC